En un terreno de 600 hectáreas perteneciente a un maderero y sojero menonita donde debía realizarse una reforestación de 100 hectáreas con alrededor de 110.000 plantas, la fiscala del ambiente Bernarda Álvarez constató ayer que apenas existían unas 100 plantas de eucalipto cultivadas en un esteral.
La verificación se realizó en la propiedad de la familia Hildebrand de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, en respuesta a una denuncia que pesa contra la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) que hace 10 años atrás recibió un monto de 1.200 millones de guaraníes de sus propios asociados para reforestar unas 1.300 hectáreas en seis fincas ubicadas en cuatro zonas del país.El hecho también es investigado en forma paralela por el fiscal Arnaldo Giuzzio de Delitos Económicos. La expectativa de pena para los responsables de este presunto hecho punible, que en principio se encuadra dentro de la figura de la declaración falsa es de hasta cinco años de cárcel.Lo más preocupante es que la cantidad de alrededor de 100 plantas es la que existe en casi toda la extensión de unos 35 kilómetros de cultivo de soja y girasol que la comitiva tuvo que cruzar para llegar al lugar del frustrado proyecto de reforestación.La intervención fiscal se dio a raíz de una denuncia realizada por la Federación Paraguaya de Madereros del Interior (Fepami) que preside Marcelo Petit, que pidió se investigue qué pasó de un total de 1.200 millones de guaraníes que se le había entregado en el 98 a la Fepama, que preside Juan Carlos Altieri para la reforestación de unas 1.300 hectáreas. Tras verificar el terreno, la fiscala Álvarez señaló a la prensa que “en este lugar no existe tal reforestación, se hizo un poquito, pero tampoco se hizo en forma, porque se tiraron las plantitas que no fueron cuidadas, casi no creció nada y encima de todo está en un estero, que es un terreno inservible para este tipo de emprendimiento”. Indicó además que el eucalipto no es una especie apta para la reforestación y antes que ayudar a mejorar el medio ambiente lo puede dañar.La fiscala posteriormente verificó dos fincas en la propiedad del Instituto Agronómico Carlos Pfannl en Coronel Oviedo y en los próximos días hará lo propio en otras dos fincas de Yasy Kañy (Canindeyú) y una en Obligado (Itapúa), donde también existían proyectos de reforestación, que de acuerdo a la denuncia tampoco fueron realizadas.
La verificación se realizó en la propiedad de la familia Hildebrand de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, en respuesta a una denuncia que pesa contra la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) que hace 10 años atrás recibió un monto de 1.200 millones de guaraníes de sus propios asociados para reforestar unas 1.300 hectáreas en seis fincas ubicadas en cuatro zonas del país.El hecho también es investigado en forma paralela por el fiscal Arnaldo Giuzzio de Delitos Económicos. La expectativa de pena para los responsables de este presunto hecho punible, que en principio se encuadra dentro de la figura de la declaración falsa es de hasta cinco años de cárcel.Lo más preocupante es que la cantidad de alrededor de 100 plantas es la que existe en casi toda la extensión de unos 35 kilómetros de cultivo de soja y girasol que la comitiva tuvo que cruzar para llegar al lugar del frustrado proyecto de reforestación.La intervención fiscal se dio a raíz de una denuncia realizada por la Federación Paraguaya de Madereros del Interior (Fepami) que preside Marcelo Petit, que pidió se investigue qué pasó de un total de 1.200 millones de guaraníes que se le había entregado en el 98 a la Fepama, que preside Juan Carlos Altieri para la reforestación de unas 1.300 hectáreas. Tras verificar el terreno, la fiscala Álvarez señaló a la prensa que “en este lugar no existe tal reforestación, se hizo un poquito, pero tampoco se hizo en forma, porque se tiraron las plantitas que no fueron cuidadas, casi no creció nada y encima de todo está en un estero, que es un terreno inservible para este tipo de emprendimiento”. Indicó además que el eucalipto no es una especie apta para la reforestación y antes que ayudar a mejorar el medio ambiente lo puede dañar.La fiscala posteriormente verificó dos fincas en la propiedad del Instituto Agronómico Carlos Pfannl en Coronel Oviedo y en los próximos días hará lo propio en otras dos fincas de Yasy Kañy (Canindeyú) y una en Obligado (Itapúa), donde también existían proyectos de reforestación, que de acuerdo a la denuncia tampoco fueron realizadas.
Fuente: La Nación, Miercoles 17 de diciembre de 2008
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